Quiero responder, o tal vez clarificar, por medio de la presente, al autor de la nota salida ayer, 14 de octubre de 2009 en el diario La Nación pero, principalmente, quiero esclarecer a la opinión pública.
El PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO es el último de una serie de programas que el Gobierno Nacional ha diseñado para promover el trabajo genuino y proveer a los actores de una herramienta que le permitirá resolver su situación social, económica y cultural, siempre que la misma no sea distorsionada por quienes tienen en sus manos la ejecución del programa.
La primera etapa de la modalidad a través de Cooperativas fueron los Programas: TECHO Y TRABAJO, CENTROS INTEGRADORES COMUNITARIOS Y AGUA MAS TRABAJO entre otros. En el contexto del PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, que actualmente se integró alde Ingreso Social con Trabajo, en la ciudad de Mar del Plata se formaron 35 Cooperativas, orientadas hacia la Obra Pública. No a la Obra Pública visible al turismo, esa la realizan las grandes Empresas, sino a la obra imprescindible en la periferia de la ciudad: limpieza de arroyos, limpieza de pozos, limpieza de banquinas, plazoletas, plazas, veredas, pintura vial, playones deportivos y toda otra obra que haga al mejoramiento de la calidad de vida de los pobres, el famoso pueblo, término que, últimamente ha sido reemplazado por el vocablo "gente", mucho menos abarcativo e integrador.
Si bien las Cooperativas fueron formadas en las Sociedades de Fomento, en los Movimientos Sociales, ONGs, Agrupaciones Políticas, etc., salvo alguna excepción, fueron coordinadas en forma correcta y tuvieron acceso a una capacitación adecuada, provista por la Municipalidad, que les permitió abordar el engorroso y difícil proceso de tramitación con bastante solvencia y mucha paciencia, convencidos de las bondades de la herramienta que tienen en sus manos.
Es necesario aclarar que estas Cooperativas funcionarán en un todo como tales, respondiendo a los valores y principios del Cooperativismo, respetando la conformación de los tres órganos que las constituyen, respondiendo a la Ley de Cooperativas, a los Estatutos y al reglamento interno que cada Empresa diseñe. Están inscriptos en el Registro de Efectores Sociales, a través del cual realizan aportes jubilatorios, Obra Social y Seguro. Cada Cooperativa administra los fondos que recibe, EQUITATIVAMENTE, tal como lo estipula la Ley y con el asesoramiento obligatorio de un Contador Público Nacional. Cada una de ellas tiene una cuenta bancaria en el Banco Credicoop, a través de la cuál realizará sus pagos y los retornos que le corresponde, EQUITATIVAMENTE a cada asociado, según el trabajo realizado. Los asociados cuentan con una caja de ahorros en la que le serán depositados sus ingresos y a los que accede a través de una tarjeta de débito tal como la de cualquier trabajador.
También es importante aclarar que estas empresas están inscriptas como proveedoras del Estado Municipal y que se realizan diligencias para que las mismas puedan participar en licitaciones cuando, según las palabras del periodista de La Nación, "EL ESTADO DECIDA NO REALIZAR MAS APORTES PORQUE NO RESPONDE A SU VOLUNTAD POLÍTICA". Tal como lo estipula el 6° PRINCIPIO del Cooperativismo, las nuevas Cooperativas se reúnen en Federaciones. Esta modalidad tan apreciada en la Economía Solidaria, promueve la unidad, la autoayuda, la responsabilidad, la vocación social, todos valores cooperativos que permiten el crecimiento individual y social y no los fines espurios que le adjudica el autor de la nota, quien, seguramente, no ha profundizado en todas estas cuestiones.
Es necesario agregar que las Cooperativas tuvieron su origen, como hoy las conocemos, en la Europa industrialista de mediados del siglo XIX y como reacción al capitalismo naciente.
Si alguno de los detractores de éstos Programas tienen una idea mejor acerca de cómo terminar con la pobreza, recuperar la cultura del trabajo, incluir a los excluidos y hacerlo de manera perdurable, distribuyendo no sólo los bienes económicos, sino también los sociales y culturales, por favor, que la presente ante quien corresponda. Todo aporte en ese sentido, será bienvenido.
Luisa Boccardo, DNI 5.240.216
Mar del Plata, 15 de octubre de 2009.
ESTA ES LA NOTA DEL DIARIO LA NACIÓN QUE NO LLEVA FIRMA
La distorsión del cooperativismo
El plan anunciado por la Presidenta para crear 100.000 empleos se halla muy lejos del ideario cooperativista
El Poder Ejecutivo Nacional ha anunciado la creación de 100.000 puestos laborales a través de cooperativas de trabajo, cada una de las cuales estará integrada por unos 60 trabajadores, quienes cobrarán 1200 pesos por mes. A eso debe sumarse casi otro tanto en material de trabajo, cuyo costo estará a cargo del Estado. Es decir que se crearían más de 1600 cooperativas con una incidencia en el presupuesto nacional de aproximadamente 2880 millones de pesos anuales.
Si bien una de las misiones esenciales del Estado es combatir la pobreza, y es valorable que se vuelquen recursos públicos con ese fin, las medidas anunciadas están lejos de responder a una voluntad seria de generar inclusión social mediante la creación de trabajo genuino. Por el contrario, lo anunciado conlleva una grave distorsión del auténtico y noble significado de una cooperativa. Lo único que se logrará es seguir falseando las estadísticas oficiales sobre el índice de desocupación y provocar más frustración en aquellas personas que aspiran legítimamente a un trabajo digno.
Las cooperativas de trabajo son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua por personas que en común resuelven necesidades que no podrían superar en forma individual, valiéndose del trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes y servicios. Esto es, por personas con intereses económicos, sociales y culturales comunes, que por sí mismas deciden asociarse en una empresa autogestionada, constituyéndose sus socios en empresarios. El pago que reciben es la expresión de su participación en el resultado de su propia empresa, es decir, en proporción al trabajo realizado por cada uno.
En las cooperativas impulsadas por el Estado nacional, sus integrantes ni siquiera se conocen unos a otros y están siendo determinados de acuerdo con criterios clientelistas por los intendentes del conurbano bonaerense o por grupos afines al funcionario del Ministerio de Desarrollo Social Emilio Pérsico. Estos suministran listados en los que indican quiénes serán los futuros cooperativistas. Muy lejos queda, así, la posibilidad de una voluntad asociativa común, como la que tan loablemente ha sido utilizada por grupos sociales que constituyen cooperativas, precisamente para no vivir de la dádiva prebendaria del Estado. Sus integrantes no habrán de cobrar de acuerdo con el trabajo realizado, sino una suma fija a través de una tarjeta de débito, lo cual no es otra cosa que un plan social encubierto, dependiente de los aportes del gobierno nacional.
Queda claro que la creación de estas cooperativas no implica la formación de cooperativistas ni la promoción de trabajo genuino y, lo que es más grave, creará legítimas expectativas sociales que se verán frustradas cuando el Estado decida no realizar más aportes porque no responde a su voluntad política. Este sistema es una réplica de modelos aplicados en la provincia de Santa Cruz, que nunca pudieron escindirse de los planes sociales, y reitera el implementado desde el año 2003 por el Ministerio de Infraestructura para la atención de obra pública, a través del cual se crean federaciones de cooperativas que responden a los distintos movimientos sociales afines al Gobierno, que fracasaron en la generación de trabajo, pero no en constituirse en fuerzas organizadas para responder a las convocatorias del Poder Ejecutivo Nacional.
Parecería que este mismo esquema de fuerzas organizadas pretende repetirse en cuantas acciones necesite producir el Gobierno a partir del 10 de diciembre. Muy lejanos están el ideario cooperativo y el primer principio de la Alianza Cooperativa Internacional, que determina la exigencia de neutralidad política, y la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo que establece que las políticas nacionales deben luchar contra las pseudocooperativas que violan los derechos de los trabajadores.
